Si el anuncio de la decisión del Gobierno de España de invertir mil setecientos millones de euros en el aeropuerto de Barcelona fue una sorpresa, la cancelación de este compromiso, apenas transcurrido un mes, resulta todavía más sorprendente. La cuestión no está zanjada, da la impresión de que los políticos la han dejado en el aire, para seguir con sus regates y cerrar el asunto con un arreglo de conveniencia entre Esquerra Republicana y el PSOE. Incluso después del acuerdo habrá tiempo para remiendos, desencuentros y pactos. Es un espectáculo que no deja en muy buen lugar al gestor aeroportuario, Aena, del que el Estado es su mayor accionista: los intereses de la empresa supeditados al oportunismo electoral del gobernante. 

Con respecto a la cuestión del entorno es prácticamente imposible incrementar la capacidad del aeropuerto sin afectar la zona de La Ricarda. No obstante, el plan definitivo puede incorporar compensaciones cuyo efecto neto resulte beneficioso para el medioambiente. La aprobación de un proyecto de este tipo exige el visto bueno de organismos de la Unión Europea, muy exigentes en esta materia. Todas las objeciones medioambientales son pertinentes, pero es necesario analizarlas en el contexto de un plan de actuación concreto que incluya compensaciones. Yo les pediría a los que ya se oponen a esta ampliación por razones de protección de la naturaleza que, antes de posicionarse en contra, analicen el proyecto detallado y atiendan las razones de los expertos y sus recomendaciones.

Al mismo tiempo, pienso que los beneficios económicos que del plan de ampliación del aeropuerto de El Prat se anticipan, se fundamentan en una extrapolación, muy simple, del comportamiento tradicional del tráfico aéreo durante los últimos cincuenta años. El COVID ha desencadenado la crisis más profunda de la historia de la aviación comercial. A finales de este año, las compañías aéreas habrán acumulado pérdidas económicas, desde que se inició la pandemia, del orden de unos doscientos mil millones de dólares. La mayor parte de los analistas estiman que el tráfico aéreo podría retornar a sus niveles anteriores en alguna fecha entre el año 2024 y 2027. Al menos, hasta entonces, la flota de aviones comerciales va a estar sobredimensionada. El incremento del teletrabajo hará que los vuelos por motivos de negocios se retraigan, lo que supondrá una importante merma de ingresos para los transportistas. Las pérdidas acumuladas por las líneas aéreas habrán incrementado de forma muy significativa su endeudamiento, lo que implicará mayores costes financieros. El empleo de biocombustibles y los cargos por emisiones de CO2 también contribuirán a incrementar los gastos de los transportistas. Todos estos factores obligarán a las líneas aéreas a subir sus tarifas, aún más si se efectúan inversiones como la que se anunció para El Prat. Todos estos factores afectarán negativamente al crecimiento del tráfico aéreo. Desde una perspectiva de negocio, comprometer grandes inversiones en un momento en el que las incertidumbres con respecto al ritmo previsible del crecimiento del tráfico aéreo durante los próximos diez años son tan grandes, parece muy poco sensato.

Desde luego, para mí, ni las cuestiones medioambientales ni las relativas al negocio, resultan tan importantes para descartar estas iniciativas de incremento de la capacidad aeroportuaria como la respuesta a una pregunta muy simple: ¿realmente queremos 20 millones más de turistas en este país? Pienso que no. Creo que ese tan reclamado cambio de modelo de sociedad en España, pasa por contener el crecimiento del sector turístico y reconducir las inversiones empresariales, sobre todo las de las empresas públicas, a sectores de mayor valor añadido y con mejores perspectivas de futuro.

Desde el punto de vista aeronáutico, existen magníficas oportunidades para desarrollar iniciativas público-privadas, capaces de crear empleo y actividades empresariales de alto valor añadido que mejoren la vida de los ciudadanos. En la entrada anterior de este blog me refería a los biocombustibles de aviación. Van a resultar necesarios y España es un país en el que un consumo elevado de los mismos está prácticamente garantizado. La puesta en marcha de espacios aéreos dotados de infraestructura para la gestión de tráfico aéreo con aviones no tripulados, de acuerdo con la reciente normativa de la Unión Europea (U-Space), y el desarrollo de pequeños aviones eléctricos de pasaje, también abrirían oportunidades para que empresas jóvenes se apunten a la lista de las compañías que liderarán el futuro aeronáutico europeo.

Recrecer pistas en los viejos aeropuertos del siglo XX, no creo que nos lleve a ninguna parte.